Quienes somos
Existe ya un consenso tanto desde lo social como desde lo técnico urbanístico, en relación a la aparición de la “ciudad” como un nuevo actor, que claramente demanda una relevancia creciente en la definición de las políticas públicas.
Esto se respalda en un contexto marco: desde 2007 la mitad de la población mundial, es urbana. Pero esta proporción es una realidad para América Latina desde hace ya más de 40 años. En términos demográficos, un 75% de los habitantes viven hoy en ciudades, y se espera que esta proporción siga aumentando en las próximas décadas. La concentración de población y la actividad económica genera serios problemas ambientales: la energía que consume una ciudad, la gran cantidad de residuos que genera, la contaminación de las cuencas urbanas, la generación de CO2 (el 75% del total generado en el planeta proviene de las ciudades), son realidades insostenibles en el largo plazo. Sin embargo lo más grave sigue siendo la concentración de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Desde el punto de vista del hábitat, esto genera problemas estructurales en el acceso a servicios elementales de infraestructura básica. Puntualmente las migraciones han llevado a la región a contar con los peores índices de desigualdad, llegando las principales ciudades a albergar poblaciones con un índice de pobreza de entre el 25% y el 45%. Este cambio en la distribución de la población en el territorio, trae aparejado la necesidad de diversas modificaciones en el aspecto político administrativo.
Sin embargo, en muchos países de América Latina, las estructuras administrativas del Estado no poseen la flexibilidad necesaria para adaptarse a este escenario.
Sus estructuras administrativas son ajenas a la cultura de planeamiento y participación ciudadana. Debido a ello, los gobiernos no trabajan con metas e indicadores que permitan establecer un seguimiento de la gestión pública, claro y transparente por parte de la ciudadanía. Las instituciones del Gobierno Central encargadas del desarrollo urbano – regional poseen en su mayoría muy baja jerarquía dentro del aparato del Estado, lo que luego se traduce en nulos o muy escasos programas de gobierno (y presupuestos) para atender al desarrollo de estas problemáticas.
Como respuesta a estas debilidades estructurales e históricas, tienen lugar diversos procesos ciudadanos que han logrado importantes avances en el acercamiento entre las políticas públicas del gobierno de un determinado territorio, y las necesidades de la población que lo habita. Destacando las iniciativas agrupadas en la Red latinoamericana por Ciudades Justas y Sustentables, donde se origina esta propuesta.
Esta Red tiene como objetivo principal implementar un proceso de alcance regional, en diversas ciudades participantes de esta red, que desarrollan sistemas de monitoreo ciudadano a la calidad de vida y a la gestión publica. Este monitoreo se realiza fundamentalmente con el seguimiento a una batería de indicadores que den cuenta del estado y evolución de la calidad de vida en un determinado territorio. El mecanismo de articulación escogido permite la divulgación de aprendizajes y herramientas técnicas, que potencien el trabajo de las distintas iniciativas.
Acompañado de acciones que promuevan la cultura ciudadana. En síntesis, la articulación genera un trabajo colectivo que mejorará la cohesión social, permitiendo orientarla como objetivo último, a la incidencia ciudadana en las políticas públicas. Y a través de ello, incidir en la descentralización, mejorar la gestión de los gobiernos locales.
